Este viernes se realizó la Marcha de la Diversidad en Ciudad de la Costa, una de las siete marchas que se organizaron en el departamento de Canelones. Vecinos y vecinas caminaron por la calle Aux. Giannattasio, desde Secco García hasta Becú.

El Director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garolla, comentó que la del viernes fue la segunda marcha en Ciudad de la Costa y aseguró que cada año se suman más personas. Sobre el resto de las actividades, afirmó que van a continuar en octubre y que se trata de acciones pensadas en conjunto con varios colectivos. “Esta lucha y visibilización que se están dando en el departamento son muy importantes. [...] Todos los años vemos un crecimiento”, dijo el jerarca, y agregó que cada año la comuna destina recursos económicos y humanos para apoyar estas causas, que “también son nuestras”. Garolla sostuvo que la idea es “contribuir a que los colectivos puedan manifestar cuáles son sus reclamos y cuáles son sus respuestas. Hay mucho por hacer todavía en materia educativa y de sensibilización; esto recién empieza”.

Al finalizar la marcha, se leyó la proclama cuya consigna fue “Las calles son nuestras y el Estado tiene que dar respuestas”. “Salimos a las calles para reivindicar cada uno de nuestros derechos, muchas veces vulnerados [como, por ejemplo] el derecho a ser como nos percibimos, respetando nuestras disidencias identitarias; derecho a elegir a quién amar sin que nos reglamenten nuestros sentimientos; derecho a vivir en paz sin tener agresiones, insultos o ser asesinados, tal como le ocurrió a una compañera trans en Pando recientemente. Levantamos nuestra voz para que de una vez se cumpla la Ley Integral para Personas Trans, ley que después de cuatro años de ser promulgada aún no se está aplicando. Para las personas trans no hay avances en educación, trabajo, salud, vivienda ni cultura, su derecho a una vida digna es vulnerado diariamente”, leyó Pamela Ferreira de Diversidad Participativa, uno de los colectivos organizadores.

Se denunció, además, discriminación hacia las personas trans en la atención sanitaria. “Son despreciadas por una parte del personal de la salud a la hora de ser atendidas”, se sentenció en la proclama, y se resaltó que en Uruguay hay leyes vigentes, como la 17.817 contra el racismo, la zenofobia y toda otra forma de discriminación, que “una importante parte de la sociedad la desconoce. Lo grave es que la misma autoridad la ignora. Cuando las circunstancias ameritan presentar una denuncia, las personas trans se ven sometidas a humillaciones y malos tratos por parte de las autoridades, haciéndolas sentir culpables por cómo se visten o comportan, pasando a ser las victimarias”.

“El Ministerio del Interior no cumple con las transferencias de información para entregar las cuotas reparatorias, perjudicando a las personas que las solicitan. Levantamos nuestra voz también por el cumplimiento de la Ley 19.580 de violencia basada en género ante la grave situación de miles de mujeres que sufren violencia ejercida por sus maridos o parejas”, declararon en la proclama. En este sentido, destacaron que en lo que va del año hubo 28 femicidios, pero “esta ley continúa sin tener el presupuesto necesario para llevar adelante su cumplimiento”. “Salimos a las calles para exhortar y animar a la sociedad a replantearse los vínculos desde diferentes lugares, libres de prejuicios, conscientes, respetuosos y solidarios con la diversidad y las personas LGTBIQ+, con el fin de generar una convivencia digna y justa para todos, todas y todes”, concluyeron.

Además de Diversidad Participativa estuvieron presentes representantes de las Hermanas de la Perpetua Indulgencia, una organización conformada por varones que promueve el uso del preservativo en oposición a lo que indica la Iglesia Católica. En la marcha del viernes estaban caracterizados de “monjas”. Esta organización nació en 1979 en San Francisco (California, Estados Unidos) y desde entonces se han dedicado a promover el sexo seguro con performances e intervenciones callejeras.